Nueva crisis sobre La Moncloa al conocerse el muy severo varapalo del Consejo de Estado al Gobierno sobre los fondos europeos. Ahora quedan explicadas las razones de por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera ocultarlo y no presentarlo en el Congreso de los Diputados antes de que se debatiera y se votara. Vox queda ahora en pésima posición después de su abstención.

En el informativo Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés explicó cómo el Gobierno socialcomunista ha conseguido tener el control total de 140.000 millones de los fondos europeos y además no van a tener que rendir cuentas a nadie de cómo los reparten.

Atención a las reflexiones del Consejo de Estado:

a) No considera apropiada la vía del decreto.

b) Considera grave que el decreto carezca de necesarias garantías de control y de supervisión en el uso y adjudicación que se hará en España de las ayudas de la Unión Europea.

c) Advierte que falta el informe de la Intervención General del Estado, y el análisis correspondiente sobre el posible impacto que el uso de las ayudas europeas tendrá en los Presupuestos Generales del Estado.

El dictamen del Consejo de Estado

El dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos que la oposición tachó de "demoledor" tiene como común denominador su preocupación por la "eliminación o modulación de mecanismos de control" en la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones previstas al amparo de esta norma.

El informe no se conocía cuando el 28 de enero el Congreso de los Diputados convalidó el decreto ley, para lo que fue imprescindible la abstención de Vox. Pero posteriormente el Partido Popular y Ciudadanos revelaron su existencia y reclamaron al Gobierno que lo publicara, tras afirmar que su contenido era muy crítico.

El documento, de 97 páginas, incorpora diversas observaciones, algunas calificadas de "esenciales" por el máximo órgano consultivo, y a las que da gran relevancia al advertir que la Unión Europea desempeñará un "papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos" asignados bajo cobertura del decreto.

Son 140.000 millones de euros los que la Unión Europea pondrá a disposición de España hasta 2026 para ayudar a la recuperación económica tras la crisis de la pandemia, de los que 72.000 serán en ayudas directas a fondo perdido.

Apunta que sus observaciones "con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".

El dictamen alerta de " la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones".

Si bien admite que el contexto actual de crisis sanitaria, social y económica "demanda una cierta modulación de las exigencias derivadas del principio de estabilidad presupuestaria", ello, advierte, no debe conducir "a una eliminación de todos los controles de naturaleza económico-presupuestaria".

También alerta de la supresión, con carácter general, de la autorización de la ministra de Hacienda, una práctica que "no parece aceptable".

Justifica el Consejo de Estado sus puntualizaciones para "lograr un elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos".

Subraya como "especialmente relevantes" las relativas "a la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente" antes de resolver los procedimientos y fiscalizar los expedientes financiados con estos fondos.

De hecho, no oculta su "severa crítica" porque el Gobierno no haya incluido en el expediente informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que le habría permitido evaluar mejor sus medidas.

El dictamen reclama "una correcta tramitación de los proyectos normativos" para que sus medidas "estén debidamente justificadas y ponderadas" y llama la atención por la "ausencia" de "toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control".

Por ello considera "esencial" dar una "explicación detallada" de las razones que sustentan esta flexibilización.

En la misma línea, ve conveniente "un estudio, aunque sea aproximativo, del impacto presupuestario de las medidas previstas", toda vez que se "incumple" la exigencia de este impacto, que aunque resulte "difícil" de cuantificar en el actual contexto sí considera "importante" para "preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos".

Otro aspecto que suscita reparos en el Consejo de Estado es que se califiquen como "modificaciones contractuales" las nuevas unidades incorporadas a los contratos de obras y solicita "reforzar los mecanismos de supervisión" de los proyectos de obras, todo ello contando "con plazos suficientemente amplios para realizar las evaluaciones ambientales con todas las garantías".

Desde el punto de vista normativo, el dictamen hace notar que "hubiera sido deseable una mayor concreción del ámbito de aplicación" de los títulos competenciales. Y reseña la problemática derivada de que el decreto contenga previsiones de aplicación exclusiva a la Administración General del Estado y al sector público estatal "y que, por tanto, no deben tener carácter básico".

En todo caso, el máximo órgano consultivo manifiesta que "más allá de las concretas observaciones" formuladas en su informe, "el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable".

Además, tratándose de una "oportunidad histórica para España", afirma que es preciso que para que la gestión un éxito hay que mantener "un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que sean concedidos".

Vicente Vallés

Vox en pésima posición al revelarse el informe del Consejo de Estado