Mariano Rajoy comprueba la fragilidad de los pactos en la reforma de la estiba
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La estiba se convirtió en crisis inesperada y pedagógica para La Moncloa sobre las enormes dificultades que existen en estos momento para negociar los Presupuestos de 2017.
La estiba representa la operación de manipulación de mercancías en los puertos (carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías). El valor de la mercancía que se mueve por en exportaciones e importaciones alcanza los 200.000 millones de euros al año (20% del PIB).
La cuestión de la estiba tiene ángulos muy relevantes:
1. La amenaza del colectivo de estibadores de paralizar los puertos, y de rechazar las medidas que liberalizarán la contratación de estos trabajadores para cumplir con una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, supone un auténtico chantaje.
2. No regular el acceso a esta profesión ha provocado que la Comisión Europea imponga a España una multa de importe creciente (ya supera los 21,5 millones de euros) hasta que no se lleve a cabo la liberalización.
3. No hay justificación a que un grupo de trabajadores mantenga el control absoluto del acceso a ninguna profesión.
Básicamente el Gobierno de Mariano Rajoy ha tratado de involucrar al Partido Socialista (PSOE) en la liberalización requerida por la Unión Europea. Hay que subrayar que se trata de un sector que ha consolidado derechos que la Comisión Europea considera ilegales. Se trata por tanto de condiciones privilegiadas que resultan inaceptables en la Unión Europea.
El Gobierno preparó una estrategia que buscaba convalidar en el Congreso con el apoyo, sobre todo, del PSOE. Estaba previstó que se aprobara en el Consejo de Ministros de este viernes17 de febrero. Los sindicatos rechazaron la reforma amenazando con paralizar la actividad portuaria a partir del lunes 20 de febrero. Hay riesgo de desabastecer España de buena parte de los bienes que diariamente entran por mar.
Finalmente se ha abierto un interrogante. El Ministerio de Fomento está dispuesto a retrasar esta reforma, pero exige que los sindicatos desconvoquen la huelga y abran una nueva negociación con la patronal.
La cuestión de fondo a la vez, que es asunto preocupante. se centra en la falta de apoyos parlamentarios del Partido Popular. Tanto Ciudadanos como Partido Socialista, a los que se unió Unidos Podemos, han advertido que no apoyarán la tramitación de un decreto ley. Antolín Goya, secretario general de CETM (la Coordinadora estatal de trabajadores del mar) ha tocado todas las teclas.
Al margen del desenlace de la crisis de la reforma de la estiba, el Gobierno mostró las dificultades que afronta en el Congreso de los Diputados donde no tiene la mayoría y hay una pugna estrecha entre la izquierda moderada y radical (Partido Socialista y Podemos).
Primer aviso serio de que podría no llegarse a un acuerdo en los Presupuestos de 2017, e incluso en los Presupuestos de 2018. Si este escenario avanza, Mariano Rajoy podría quedar abocado a estudiar iniciativas drásticas. De nuevo en el otoño el botón nuclear (adelanto de elecciones) volvería a un primer plano.
La estiba representa la operación de manipulación de mercancías en los puertos (carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías). El valor de la mercancía que se mueve por en exportaciones e importaciones alcanza los 200.000 millones de euros al año (20% del PIB).
La cuestión de la estiba tiene ángulos muy relevantes:
1. La amenaza del colectivo de estibadores de paralizar los puertos, y de rechazar las medidas que liberalizarán la contratación de estos trabajadores para cumplir con una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, supone un auténtico chantaje.
2. No regular el acceso a esta profesión ha provocado que la Comisión Europea imponga a España una multa de importe creciente (ya supera los 21,5 millones de euros) hasta que no se lleve a cabo la liberalización.
3. No hay justificación a que un grupo de trabajadores mantenga el control absoluto del acceso a ninguna profesión.
Básicamente el Gobierno de Mariano Rajoy ha tratado de involucrar al Partido Socialista (PSOE) en la liberalización requerida por la Unión Europea. Hay que subrayar que se trata de un sector que ha consolidado derechos que la Comisión Europea considera ilegales. Se trata por tanto de condiciones privilegiadas que resultan inaceptables en la Unión Europea.
El Gobierno preparó una estrategia que buscaba convalidar en el Congreso con el apoyo, sobre todo, del PSOE. Estaba previstó que se aprobara en el Consejo de Ministros de este viernes17 de febrero. Los sindicatos rechazaron la reforma amenazando con paralizar la actividad portuaria a partir del lunes 20 de febrero. Hay riesgo de desabastecer España de buena parte de los bienes que diariamente entran por mar.
Finalmente se ha abierto un interrogante. El Ministerio de Fomento está dispuesto a retrasar esta reforma, pero exige que los sindicatos desconvoquen la huelga y abran una nueva negociación con la patronal.
La cuestión de fondo a la vez, que es asunto preocupante. se centra en la falta de apoyos parlamentarios del Partido Popular. Tanto Ciudadanos como Partido Socialista, a los que se unió Unidos Podemos, han advertido que no apoyarán la tramitación de un decreto ley. Antolín Goya, secretario general de CETM (la Coordinadora estatal de trabajadores del mar) ha tocado todas las teclas.
Al margen del desenlace de la crisis de la reforma de la estiba, el Gobierno mostró las dificultades que afronta en el Congreso de los Diputados donde no tiene la mayoría y hay una pugna estrecha entre la izquierda moderada y radical (Partido Socialista y Podemos).
Primer aviso serio de que podría no llegarse a un acuerdo en los Presupuestos de 2017, e incluso en los Presupuestos de 2018. Si este escenario avanza, Mariano Rajoy podría quedar abocado a estudiar iniciativas drásticas. De nuevo en el otoño el botón nuclear (adelanto de elecciones) volvería a un primer plano.
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