El Congreso aprueba la reforma de la estiba del Gobierno gracias al PDeCat
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El Gobierno sometió este jueves por segunda vez a votación la reforma de la estiba y logró la convalidación de un nuevo decreto, que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada, gracias al apoyo de Ciudadanos, el PNV, Foro, UPN y las ocho abstenciones del PDeCAT.
El PDeCat argumentó su respaldo asegurando que Cataluña no se puede "permitir el lujo de incumplir sentencias" de la Unión Europea porque eso genera "inseguridad jurídica" y pone en riesgo puestos de trabajo.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, fue el encargado de defender los cuatro artículos del nuevo decreto que incluye la libertad de contratación de los trabajadores de la estiba por parte de las empresas, tal y como ha ordenado Europa. “Habrá un periodo transitorio de tres años para que se introduzca de forma definitiva el nuevo sistema laboral”, señaló el ministro.
Con esta reforma del régimen de los estibadores, el Gobierno cumple con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, que obligaba a España a liberalizar el sector. La Administración se ahorrará así una multa impuesta por Bruselas, que se elevaba a cuatro millones de euros mensuales.
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, consideró en declaraciones a la prensa que este jueves se ha vivido una de las "páginas más nefastas" del Parlamento cuando "un grupo de personas", refiriéndose a varios estibadores presentes en la tribuna "han querido intimidar" a su portavoz de Fomento, Miguel Barrachina.
Hernando anunció que su grupo pedirá a la Mesa del Congreso y a la Junta de Portavoces que averigüen "quiénes han sido las personas que han invitado a los autores de semejante tropelía" para que se tomen "las medidas oportunas". "Si Podemos y alguna otra formación están detrás de esto, tendrán que responder", avisó.
"Voy a pedir medidas disciplinarias porque no es posible espectáculos tan lamentables de un grupo de incontrolados desde la tribuna", expuso, refiriéndose al grupo de estibadores que abuchearon a Barrachina en su intervención y que fueron desalojados de la tribuna del público, pese a que la presidenta, Ana Pastor, no llegó a hacer una llamada al orden en ese momento.
El PDeCat argumentó su respaldo asegurando que Cataluña no se puede "permitir el lujo de incumplir sentencias" de la Unión Europea porque eso genera "inseguridad jurídica" y pone en riesgo puestos de trabajo.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, fue el encargado de defender los cuatro artículos del nuevo decreto que incluye la libertad de contratación de los trabajadores de la estiba por parte de las empresas, tal y como ha ordenado Europa. “Habrá un periodo transitorio de tres años para que se introduzca de forma definitiva el nuevo sistema laboral”, señaló el ministro.
Con esta reforma del régimen de los estibadores, el Gobierno cumple con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, que obligaba a España a liberalizar el sector. La Administración se ahorrará así una multa impuesta por Bruselas, que se elevaba a cuatro millones de euros mensuales.
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, consideró en declaraciones a la prensa que este jueves se ha vivido una de las "páginas más nefastas" del Parlamento cuando "un grupo de personas", refiriéndose a varios estibadores presentes en la tribuna "han querido intimidar" a su portavoz de Fomento, Miguel Barrachina.
Hernando anunció que su grupo pedirá a la Mesa del Congreso y a la Junta de Portavoces que averigüen "quiénes han sido las personas que han invitado a los autores de semejante tropelía" para que se tomen "las medidas oportunas". "Si Podemos y alguna otra formación están detrás de esto, tendrán que responder", avisó.
"Voy a pedir medidas disciplinarias porque no es posible espectáculos tan lamentables de un grupo de incontrolados desde la tribuna", expuso, refiriéndose al grupo de estibadores que abuchearon a Barrachina en su intervención y que fueron desalojados de la tribuna del público, pese a que la presidenta, Ana Pastor, no llegó a hacer una llamada al orden en ese momento.
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