Íñigo de la Serna, un mes para convalidar la reforma de la estiba
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La reforma de la estiba se ha aprobado con la oposición frontal de los sindicatos que, con la Coordinadora de Trabajadores del Mar (CETM) a la cabeza, amenazan con paralizar la actividad portuaria desde el lunes con huelgas encubiertas, como las practicadas hace dos semanas, que redujeron la actividad en más de un 50%.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reitero a sindicatos y empresas que se sienten a negociar “sin amenazas y presiones”, para alcanzar acuerdos que se puedan trasladar a los nuevos convenios colectivos que se pacten a partir de los nuevos límites que marcará la ley.
El Gobierno tiene un mes para convalidar en el Congreso de los Diputados la reforma de la estiba. El PSOE no quiere comprometerse.
Íñigo de la Serna cuenta con el apoyo de Ciudadanos y ya negocia con PNV y PDeCAT (la antigua Convergència). Si el PP convence al PNV y al PDeCAT de la abstención, ganaría la votación. En juego está el rigor de España. Si todo falla, sería la primera vez que España incumpliría una sentencia y un tratado de la Unión Europea.
La postura de Íñigo de la Serna
Íñigo de la Serna advirtió al conjunto de los grupos de la oposición que "a nadie le gustaría llegar al escenario de que no se aprobara el decreto" de la estiba, que llevaría a "un bucle sin fin" que no evitaría a España pagar una multa diaria de 134.000 euros diarios que se sumaría a los 21,5 millones acumulados hasta ahora.
Destacó que el Gobierno ha tratado de impulsar un acuerdo durante dos años, acatar la sentencia y evitar un daño para el conjunto de los españoles.
Valoró las declaraciones realizadas sobre este asunto por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha pedido, según el ministro, "cumplir la ley y respetar el derecho de los trabajadores". Asimismo, y con el objetivo de favorecer la negociación entre la patronal Anesco y los sindicatos con la mediación de Marcos Peña, pidió a los grupos que haya "cuanto menos ruido político".
En cuanto a esta negociación, recordó que el decreto establece un plazo de un año para adaptar el convenio colectivo y destacó que este puede incluir cuestiones, como la subrogación de los trabajadores a otras empresas, que no pueden incluirse en el decreto. "Hay margen más que suficiente para llegar a acuerdos", aseguró, por lo que hizo un llamamiento a "intensificar la negociación".
Además, criticó que los estibadores hayan convocado nueve días de huelga entre el 6 y el 25 de marzo. "La convocatoria de huelga aporta inestabilidad y presión a una mesa de negociación colectiva que debe mantener un clima de normalidad", advirtió.
En la misma línea, señaló que "es evidente que además del daño en el conjunto de la economía del país, la huelga puede tener algunos efectos colaterales como que las decisiones de desviar tráficos a otros países "puedan convertirse en definitivas".
La base del decreto aprobado por el Gobierno, que debe convalidarse en el plazo de un mes en el Congreso de los Diputados, es modificar el régimen de los trabajadores en la prestación de servicios portuarios para permitir que la contratación en el sector sea libre.
El ministro aseguró que "se ciñe únicamente y exclusivamente al cumplimiento de la sentencia" y que "otorga la máxima flexibilización posible a favor de los trabajadores que se puede dar con los límites marcados por la Comisión".
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reitero a sindicatos y empresas que se sienten a negociar “sin amenazas y presiones”, para alcanzar acuerdos que se puedan trasladar a los nuevos convenios colectivos que se pacten a partir de los nuevos límites que marcará la ley.
El Gobierno tiene un mes para convalidar en el Congreso de los Diputados la reforma de la estiba. El PSOE no quiere comprometerse.
Íñigo de la Serna cuenta con el apoyo de Ciudadanos y ya negocia con PNV y PDeCAT (la antigua Convergència). Si el PP convence al PNV y al PDeCAT de la abstención, ganaría la votación. En juego está el rigor de España. Si todo falla, sería la primera vez que España incumpliría una sentencia y un tratado de la Unión Europea.
La postura de Íñigo de la Serna
Íñigo de la Serna advirtió al conjunto de los grupos de la oposición que "a nadie le gustaría llegar al escenario de que no se aprobara el decreto" de la estiba, que llevaría a "un bucle sin fin" que no evitaría a España pagar una multa diaria de 134.000 euros diarios que se sumaría a los 21,5 millones acumulados hasta ahora.
Destacó que el Gobierno ha tratado de impulsar un acuerdo durante dos años, acatar la sentencia y evitar un daño para el conjunto de los españoles.
Valoró las declaraciones realizadas sobre este asunto por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha pedido, según el ministro, "cumplir la ley y respetar el derecho de los trabajadores". Asimismo, y con el objetivo de favorecer la negociación entre la patronal Anesco y los sindicatos con la mediación de Marcos Peña, pidió a los grupos que haya "cuanto menos ruido político".
En cuanto a esta negociación, recordó que el decreto establece un plazo de un año para adaptar el convenio colectivo y destacó que este puede incluir cuestiones, como la subrogación de los trabajadores a otras empresas, que no pueden incluirse en el decreto. "Hay margen más que suficiente para llegar a acuerdos", aseguró, por lo que hizo un llamamiento a "intensificar la negociación".
Además, criticó que los estibadores hayan convocado nueve días de huelga entre el 6 y el 25 de marzo. "La convocatoria de huelga aporta inestabilidad y presión a una mesa de negociación colectiva que debe mantener un clima de normalidad", advirtió.
En la misma línea, señaló que "es evidente que además del daño en el conjunto de la economía del país, la huelga puede tener algunos efectos colaterales como que las decisiones de desviar tráficos a otros países "puedan convertirse en definitivas".
La base del decreto aprobado por el Gobierno, que debe convalidarse en el plazo de un mes en el Congreso de los Diputados, es modificar el régimen de los trabajadores en la prestación de servicios portuarios para permitir que la contratación en el sector sea libre.
El ministro aseguró que "se ciñe únicamente y exclusivamente al cumplimiento de la sentencia" y que "otorga la máxima flexibilización posible a favor de los trabajadores que se puede dar con los límites marcados por la Comisión".
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